La guerra contra las bandas rompe el último tabú de Ecuador: bases militares extranjeras

Hace menos de cinco años, Ecuador presumía de ser uno de los países más seguros de toda Latinoamérica. Las cifras hablaban por sí solas. En 2019, el índice de criminalidad era de apenas 6,7 muertes violentas por cada 100.000, frente a vecinos como Colombia (23,4), El Salvador (36), Brasil (22,7) o el récord de Venezuela en 42 por cada 100.000. Sin embargo, esa "isla de paz", medalla que se fueron poniendo uno tras otro los presidentes ecuatorianos, es ahora un país sumido en una absoluta crisis de seguridad.

El asesinato a tiros del candidato presidencial Fernando Villavicencio a once días de las elecciones puso rostro y horror a la violencia que ya hundía el país. En 2023, la cifra de homicidios violentos se disparó hasta alcanzar los 43 homicidios por 100.000 habitantes, en un contexto en el que las bandas criminales ganasen cada vez más poder tanto dentro de las cárceles como fuera de ellas. Porque la prisión no limita la violencia. En enero de este año, reclusos tomaron brevemente el control de seis cárceles, tomando cientos de rehenes entre los guardias carcelarios. El caos llegó incluso a la televisión, cuando un grupo de encapuchados asaltaron una cadena en directo. Ese mismo día se escapó de la cárcel de máxima seguridad el poderoso líder del cártel de Los Choneros, José Adolfo Macías, conocido como "Fito".

Fue aquí cuando el Gobierno de Daniel Noboa llegó a un punto de inflexión: declaró el estado de excepción y la "guerra a las bandas". Se aumentó la presencia militar en las calles y se dio al Ejército labores de seguridad ciudadana. Sin embargo, fue solo una tirita temporal. Los problemas de fondo de secuestros, extorsiones y muertes violentas persisten. En su afán por controlar esta situación límite, Ecuador ha roto su último tabú: Noboa ha anunciado una propuesta de ley para eliminar el artículo 5 de la Constitución, que prohíbe el establecimiento de bases militares extranjeras e instalaciones con propósitos militares en el país andino. Esta prohibición fue establecida durante el Gobierno de Rafael Correa quien, con esta medida, obligó a las fuerzas militares de Estados Unidos a salir en 2009 de la base de Manta, en la costa ecuatoriana.

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"En un conflicto transnacional (contra el crimen organizado), necesitamos respuestas nacionales e internacionales", declaró Noboa en un vídeo publicado en sus redes sociales. Pero la respuesta parece no ser tan clara por parte de las potencias occidentales. Sobre todo de Estados Unidos. Tras las declaraciones de Noboa, Washington ha expresado que no tiene planes para establecer de forma permanente bases militares en el país. Eso sí, se han mostrado abierto a ampliar la cooperación con el Gobierno de Noboa.

"Aunque los Estados Unidos no tiene planes de solicitar permiso a Ecuador para establecer una presencia militar permanente de EE.UU. en el Ecuador, ampliamos y profundizamos nuestra cooperación con el Ecuador a través de entrenamiento, equipos, infraestructura, operaciones conjuntas, entre otras actividades, para enfrentar nuestros desafíos de seguridad compartidos", informaba la misión diplomática. Para los analistas, sin embargo, abrir la puerta a bases militares extranjeras en el país no será ni suficiente ni útil para erradicar la raíz del problema.

"No vemos todavía una inversión pública para retomar el control de las prisiones"

"En términos geopolíticos, la Base de Manta posicionó a Ecuador como un aliado estratégico de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico en América Latina", explica a El Confidencial Pedro Mansolvas, analista contra la delincuencia del Ministerio de Interior de Ecuador. "Durante los 10 años de operación, se realizaron aproximadamente 4000 misiones aéreas de vigilancia y se logró la interceptación de miles de toneladas de drogas en rutas del Pacífico. Sin embargo, estos logros no se tradujeron en una mejora tangible para los ciudadanos ecuatorianos en cuanto a seguridad interna", explica.

"Los problemas de seguridad local en Ecuador, como el crecimiento de la delincuencia común y el aumento de la violencia vinculada al narcotráfico, están más relacionados con la debilidad institucional, la falta de oportunidades económicas y la penetración del crimen organizado en áreas vulnerables", añade. Un problema en el que los expertos coinciden.

Ecuador, con la experiencia de la Base de Manta, "podría ser considerado como uno de estos ejemplos donde la injerencia extranjera no necesariamente condujo a una mejora significativa en la seguridad ciudadana, aunque su impacto en la lucha contra el narcotráfico fue reconocido. Sin embargo, la ciudad de Manta sí que vio un crecimiento económico considerable", expone

Inseguridad en las cárceles

Para la secretaria de Seguridad de Quito, Carolina Andrade Quevedo, construir bases extranjeras dentro de Ecuador tampoco solucionaría el actual problema de delincuencia. "Hasta el momento, no se han tomado medidas que estén pensadas en el mediano y largo plazo. La única respuesta que hemos tenido es la presencia militar y policial en las calles, pero no vemos todavía una inversión pública para realmente retomar el control de las prisiones, y eso dificulta mucho a que las acciones se mantengan en el tiempo", explica Carolina Andrade Quevedo, secretaria de Seguridad de Quito, la capital, en entrevista con El Confidencial.

En este sentido, hace unas semanas, dos jefes de seguridad en sendas cárceles de máxima seguridad fueron asesinados a tiros mientras viajaban en coche. Una de ellas fue la directora de la Penitenciaría del Litoral — la cárcel más grande del país —, María Daniela Icaza.

Precisamente el asesinato de Icaza ha servido de ejemplo para evidenciar uno de los fallos de seguridad que viven la mayoría de los centros penitenciarios. "Se han reducido las masacres carcelarias, que eran recurrentes en años pasados, pero no se ha hecho inversión en tecnología. Por ejemplo, para poder tener cámaras de videovigilancia, escáneres, incluso inhibidores, que permitan garantizar que las prisiones sean centros de privación", sostiene Andrade. Y la Penitenciaria del Litoral "es una de las cárceles que más ha visto cómo sus sistemas de seguridad se han debilitado en cuanto a la tecnología, en infraestructura y los controles".

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"Es un síntoma de lo que todavía se sigue viviendo y que no se ha logrado ya durante los últimos años. A los funcionarios de las cárceles se los trata como cualquier funcionario público. Es decir, no hay normas, ni hay políticas ni protocolos que garanticen que ellos puedan desarrollar de manera adecuada su trabajo desde temas básicos o logísticos como el poder tener movilización segura y poder tener protección, incluso, del Estado".

Las limitaciones en la seguridad de las prisiones se traslada mucho más allá. La investigadora y experta en comunicación institucional de la Universidad de Cuenca (Ecuador), Caroline Ávila, explica que, con el ingreso de las tropas de las Fuerzas Armadas en las cárceles, aunque se ha mejorado la situación inicial, "genera una dependencia de este sector. Incrementó el costo de parte del sector público para poder sostenerlo, lo cual nos hace a todos nosotros pagar tres puntos más el IVA". Pero hay más limitaciones, como por ejemplo, el asesinato de Icaza. "Se les olvidó que la reciente asesinada no tenía custodia, no tenía autoblindado y ella dirigía una de las cárceles de una de las zonas más peligrosas del país, como es Guayaquil".

"En enero [el asalto a la televisión] la percepción de situación de violencia había llegado a un clímax. El gobierno lo manejó bastante bien e hizo que tuviese un 80% de aprobación, porque además fue una gestión rápida, de pronta respuesta, de control de cárceles", afirma. "Es algo que el gobierno anterior no logró tener y que permitió indirectamente dar una sensación de que estaba a cargo de la situación, a pesar de que las muertes violentas no cesaban y seguía el incremento de secuestros y extorsiones".

"Se les acaban sus planes cuando se les apaga la luz de noche"

Para Ávila, la construcción de bases militares extranjeras puede ser una medida útil pero no suficiente para abordar un problema de raíz. "No estoy diciendo que no ayude. Puede ser que sí, pero no es la única cosa. Al país le hace falta más cosas en aspectos sociales. Siempre hace falta, por ejemplo, que el Estado se haga cargo de resolver educación, las carreteras... Ahora sí, si no ayuda, tampoco estorba. Esa conversación es la que en este momento el país bien vale la pena que tenga. Por último, para rechazarlo, para ratificarla y ver realmente si se quiere o no tener una base militar. Lo que sí no hay duda es que si se requiere apoyo internacional".

Sin embargo, en las calles, los ecuatorianos no sienten la construcción de estas bases como una "preocupación prioritaria". A pesar de que el país ya vivió la injerencia extranjera de potencias internacionales, como Estados Unidos y la presencia de la base militar aérea en la ciudad de Manta, los actuales cortes de luz o la violencia callejera siguen siendo dos de los problemas principales que alarman a su población. "En este momento la gente está mucho más ofuscada porque se le está dañando la comida de la refrigeradora, se les acaban sus planes cuando se les apaga la luz de noche. Eso les preocupa mucho más en comparación con lo que este momento pueda hacer o dejar de hacer un gringo en este país".

"Pero la gente está preocupada", continúa. "La violencia callejera de las bandas, los secuestros..., lo consideran un problema a nivel nacional". Además, "la inseguridad se incrementa como problema a raíz de los apagones", ya que, al no haber luz eléctrica, "estaríamos en manos de los criminales". Según recoge la base de datos Numbeo, la seguridad de caminar solo de noche ha descendido hasta situarse en el 24,21% en el ranking, una cifra considerablemente baja. "Sin luz en las calles, la gente piensa que les van a venir a robar. La gente se preocupa de lo que esté pasando en su barrio. Es otra dimensión de la inseguridad y eso es producto de los apagones", concluye.